La Audiencia de Barcelona ha dictado sentencia condenatoria contra Dani Alves, imponiéndole una pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de agresión sexual con acceso carnal a una mujer el 30 de diciembre de 2022. Además, se le ha impuesto un periodo de cinco años bajo vigilancia y se le ha prohibido acercarse a la víctima a menos de mil metros, así como comunicarse con ella durante nueve años y medio.
Aunque la sentencia ha sido favorable para la joven de 23 años, la condena al agresor es menor a las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular, que solicitaban nueve y doce años respectivamente. Esto se debe a la aplicación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como «Ley solo sí es sí», ya que el delito ocurrió entre la entrada en vigor de la normativa en 2022 y su reforma en 2023, estableciendo una pena mínima de cuatro años por agresión sexual.
El tribunal también consideró como atenuante el pago de una indemnización de 150,000 euros a la víctima antes del juicio, interpretando esta acción como una muestra de voluntad de reparación del daño.
La mujer, desde el inicio del proceso, afirmó que su objetivo al denunciar la agresión no era obtener compensación económica, sino buscar justicia y que el agresor cumpliera condena. Los jueces destacaron la credibilidad de su testimonio y resaltaron que no existían motivos para dudar de él.
La sentencia también subrayó que el consentimiento en las interacciones sexuales debe ser explícito y puede revocarse en cualquier momento, y que las insinuaciones previas no justifican cualquier forma de abuso o agresión posterior.
Un breve resumen del proceso
Respecto al caso, Alves agredió sexualmente a su víctima en el baño de una discoteca en Barcelona el 30 de diciembre de 2022. La mujer denunció los hechos ese mismo día a los funcionarios del local y posteriormente a la policía, formalizando la denuncia el 2 de enero de 2023. El exfutbolista fue detenido el 23 de enero y desde entonces ha permanecido en prisión preventiva.
Durante el proceso judicial, Alves cambió su versión en varias ocasiones, inicialmente negando los hechos y luego argumentando un acto sexual consentido. Su defensa trató de rebajar la gravedad de las acusaciones argumentando que estaba bajo los efectos del alcohol, pero la sentencia concluyó que era consciente de sus acciones.
Tras el juicio celebrado en febrero de 2024, se informó que el centro penitenciario donde está recluido activó un protocolo anti-suicidio debido al estado de ánimo del exdeportista. Mientras tanto, la víctima ha tenido que enfrentar no solo las consecuencias emocionales y psicológicas de la agresión sexual, sino también la revictimización a lo largo del proceso, incluso por parte de la familia de Alves.
